La Resolución 9, firmada por el ministro de Economía Hernán Lorenzino, faculta a Moreno en  la ejecución, supervisión, instrumentación, funcionamiento y control a la única fábrica del citado insumo, Papel Prensa SA, que actualmente está en manos de accionistas mayoritarios privados: Diario La Nación y Clarín, el Estado posee un 27% de las acciones.

Así el Gobierno argentino expone un marco regulatorio en el control del papel para los medios impresos, en una ley que determina que para el primer trimestre de este año Papel Prensa SA deberá producir 42.500 toneladas de papel para diario, cifra señalada como el volumen estimado de producción nacional; además define como necesidad la importación de 20 mil toneladas.

También, se estipula en la misma resolución que en caso de no cumplir esa meta, que implica aumentar la producción en un 47% en tres años, el Estado está capacitado para hacer inversiones y ampliar su participación dentro de la empresa con posibilidad de controlarla.

La Resolución 9/12 que concede a Moreno un vasto control, ha provocado el rechazo de las empresas periodísticas y de los sectores de oposición a la ley manifestando que viola la libertad de expresión. Una de las primeras en levantar su voz desde la oposición ha sido la diputada Patricia Bullrich, al considerar que Moreno no cumple con el requisito de imparcialidad.

Moreno tendrá en sus manos el poder de emplear multas que serán el equivalente en pesos de una tonelada de producción a 100 mil toneladas de producción de papel para diario, así mismo la suspensión y clausura que no podrán ser mayores a una parada técnica.

Guillermo Moreno es el protagonista de una contienda contra Papel Prensa, ya en Agosto del 2010 encabezó una embestida en la sede de la papelera con gritos y amenazas, en la que el 95% de los clientes son diarios.