Autoridades federales de Estados Unidos están llevando a cabo una discreta pero ambiciosa operación de desmantelamiento de una flotilla de aviones con matrícula estadounidense que son propiedad de narcotraficantes que operan en Venezuela y México. La operación antiaérea compromete a casas de cambio de México, una de las cuales fue objeto de la confiscación de unos $12 millones en cuentas del Wachovia Bank de Miami, así como a compañías de registro de aeronaves en Estados Unidos, indican los documentos.
Uribe y chavez no son amigos,asi que es imposible,que el narco uribe tenga acciones en venezuela
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| Revolución Bolivariana que promueve el delito (Parte I) |
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Varios aviones han sido confiscados, otros se encuentran en observación y se han realizado arrestos de numerosos sospechosos en México y Estados Unidos. Reportes de prensa de México señalan que por lo menos 50 aviones de narcotraficantes han sido comprados en Estados Unidos a través del mecanismo descubierto por las autoridades. El más importante de los arrestos en conexión con la flota de narcoaviones se produjo a principios de noviembre, cuando las autoridades mexicanas detuvieron en Lomas de Barrilaco, en la ciudad de México, a Pedro Alfonso Alatorre Damy. Venezuela santuario de narcotraficantes colombianos Casa de Cambio Puebla, firma que afronta el congelamiento de los $12 millones en Miami, es una de las más grandes en México con 17 sucursales y más de 200 empleados. La empresa está representada en Miami por el abogado Frank Rubino, quien ha alegado que el dinero incautado en Wachovia corresponde a envíos de clientes legítimos de la firma. Rubino está a la espera de varios recursos que ha presentado contra las medidas de confiscación iniciadas por el agente de la DEA, Terry Frankhauser, este fue el funcionario que practicó el decomiso de un avión Hawker 800, matrículas N700SA, a nombre de la empresa American Food Grain al boliburgues de Ricardo Fernández Barrueco, hecho ocurrido en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale. Por este caso Fernández Barrueco contrato un importante escritorio de abogados de Miami para resolver este caso, por el que han pagado 8 millones de dólares y deberán poner en venta el avión así como cancelar una multa de un millón cien mil dólares de multa. Las investigaciones avanzan en medio de denuncias de autoridades de Estados Unidos y de Colombia de que Venezuela se ha convertido en un santuario de narcotraficantes colombianos no sólo para eludir la extradición a Estados Unidos, sino para continuar con su negocio desde este país con sus socios en México. Venezuela ha anunciado que presentará una queja formal contra las acusaciones de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Los narcotraficantes prefieren la matrícula americana ”N” en sus aeronaves porque de esa manera garantizan que sus aviones sean sometidos a un menor escrutinio en los aeropuertos de países diferentes a Estados Unidos, según una declaración judicial del agente Frankhauser tras la incautación de un costoso avión ejecutivo a un acaudalado industrial venezolano. Un mediodía de abril de 2007, un avión DC-9 se dibujó en el cielo caribeño. No tenía plan de vuelo, como muchas de las naves que transportan drogas por la Península de Yucatán, y llamó la atención de los radares mexicanos. El aparato –que había despegado del aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, y había hecho escala en Barranquilla, Colombia– aterrizó, por una falla hidráulica, en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche. El piloto no apagaba aún el motor cuando cientos de soldados del Ejército mexicano lo rodearon y lo detuvieron. El DC-9 llevaba a bordo 5.6 toneladas de cocaína, y también las primeras pistas de la principal operación conjunta con Estados Unidos contra el lavado de dinero en una década. Sus consecuencias transformaron para siempre el sector cambiario mexicano. La matrícula del avión confiscado en Campeche dio la clave para trazar la ruta del dinero y vincularlo a las actividades del cartel de Sinaloa; guió a cuentas en el Wachovia Bank; a operaciones de la Casa de Cambio Puebla, un negocio de empresarios poblanos, con 20 años de antigüedad, y a otras cuentas de individuos e instituciones en los Estados Unidos. Festín de narcorevolucionarios
Hasta ahora las autoridades policiales financieras se enfrentan a un obstáculo: el origen sospechoso de unos fondos no es motivo legal suficiente para confiscar estos recursos, ya que el lavado de dinero se castiga en México sólo si se logra demostrar su conexión con un delito previo. Antes de fin de año, el Congreso mexicano votará leyes con las que pretende modificar esta situación. El rastreo de los movimientos del dinero y datos aportados por informantes en EU, permitió al Federal Bureau of Investigation (FBI), la DEA y la Procuraduría General de la República (PGR) descifrar el complejo esquema de movimientos de fondos, mediante el cual se estima que el narco lavó 11 millones de dólares (MDD) entre 2003 y 2007 (algunos medios refieren que pueden ser hasta 700 MDD). Cuentas espejo de Chávez Casa de Cambio Puebla y otras (según expedientes relacionados con el caso, incluidos varios de una corte del Sur de Florida), blanquearon millones de dólares por esta vía para la compra de por lo menos 13 aviones en cuatro años. Concluida la investigación, el 8 de noviembre de 2007, la policía tomó las oficinas corporativas de Casa de Cambio Puebla, en la esquina de Chipilo y Juárez, una zona de restaurantes y bares de moda de la capital poblana. Canceló líneas de teléfono, revisó plafones y canales de ventilación. Operaciones similares se hicieron en otras oficinas de la empresa, donde fueron detenidos cuatro ejecutivos de la firma. Casi un año después, puede decirse que las casas de cambio agonizan. Una industria que manejaba 40,000 millones de dólares (MDD) al mes en transacciones está a punto de desaparecer. De las 25 que existían a finales de 2007, sólo quedan 13, y éstas operan con muchas restricciones. Continuará...
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